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La luna de miel con los electores parece haber llegado a su fin.

El presidente Benigno Aquino jr. debe manejarse entre peticiones de renuncia, que también provienen de los líderes de la Iglesia

Paolo Affatato
Roma
La luna de miel con los electores (que duraba ya demasiado) parece haber llegado a su fin. En cambio, nunca había ni siquiera comenzado con los obispos. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino jr. (un liberal, hijo de los héroes nacionales Benigno Aquino sr. y Corazón Cojuangco) está viviendo el momento menos popular de su historia política . Los obispos filipinos, católicos y protestantes, que nunca habían apoyado sus posturas en materia de educación sexual y control del crecimiento de la población, no dejan pasar ninguna ocasión para recordar a la nación que la centella del amor entre el presidente en funciones y la Iglesia nunca estalló. Es más, parecerían presionar para acelerar su salida definitiva del escenario político.

Aquino acaba de pronunciar, el 28 de julio, su quinto discurso sobre el estado de la nación, un informe presidencial, ante el parlamento. El discurso, muy esperado, expone a toda la ciudadanía las políticas y las decisiones del gobierno. Este año, Benigno jr. eligió un registro fuertemente idealizado, tipo Obama, para recordar su compromiso por la democracia y los éxitos alcanzados por su administración (como el progreso en el sector de la educación y de numerosos proyectos de infraestructuras públicas, que llevan décadas sin concluirse).

«Un discurso estimulante, pero sin sustancia», fue la sonora reacción de Ruperto Santos, obispo de Balanga, ciudad de la bahía de Manila. «¿Todas las conquistas indicadas por el presidente, en el campo del gobierno y de la economía, han provocado una percepción directa y concreta en la vida de la gente común?», se preguntó el obispo al expresar el escepticismo que se respira en la Conferencia Episcopal. Entre los temas cruciales que no afloraron en el discurso destacan el desempleo, el proceso de paz en el sur y los niveles de extrema pobreza de miles de familias.

Por lo demás, justamente antes de su informe a la nación, el presidente había recibido un llamado de los obispos de la «Iglesia de Cristo de las Filipinas», que engloba cinco denominaciones protestantes: «convertirse o renunciar». Esta invitación llegó después de la polémica y el escándalo nacional que surgieron con el «Programa de aceleración del gasto» (“Disbursement Acceleration Program”), que otorga al presidente una forma para ampliar el gasto público a su discreción. Aquino fue acusado «de haber traicionado la confianza de la gente, y de querer volver a destruir cualquier manifestación de la lucha en contra de la corrupción».

El presidente, efectivamente, se embarcó en un peligroso conflicto de poderes con la Suprema Corte que, a principios de julio, declaró inconstitucional su plan para el gasto (en el que se establecía la posibilidad de transferir los fondos entre diferentes entes del gobierno para financiar proyectos que no aparecían en el presupuesto anual de la nación. El gobierno criticó la decisión de la Suprema Corte y resonó la advertencia de comentadores, abogados y líderes religiosos.

El arzobispo católico Sócrates Villegas, presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, invitó al presidente en funciones a respetar la Constitución y el estado de derecho, «requisito fundamental que debe ser defendido en cuanto preocupación moral» y «como base para el bien común». Según los obispos, Aquino ignoró la indignación pública para poner fin a la política del «pork barrell», abriendo espacio a la corrupción y el mal gobierno. El «Fondo prioritario para asistencia al desarrollo» (Pdaf), bautizado con la colorida expresión ‘pork barrell’ (el barril del cerdo) es la contribución erogada por el estado a cada parlamentario para proyectos sociales a nivel local. El Fondo, que acabó convirtiéndose en una fuente de clientelismo y corrupción, ha provocado fuertes irritaciones entre la población.

Aquino, en este caso, fue acusado de haber violado abiertamente el sistema de «check-and-balance» previsto en la Constitución de 1987, «usando con engaños los fondos públicos para proyectos y finalidades que no están sometidas a la aprobación de un presupuesto por parte del legislador». Un exceso de discrecionalidad que permite disponer de dinero público sin control alguno, frente al que la Iglesia se ha opuesto en primer lugar.

Fueron surgiendo peticiones para juzgar al presidente y algunos políticos de la oposición, diputados, intelectuales, religiosos y obispos se han ido sumando con sus firmas. Entre los firmatarios figuran Óscar Cruz, ex presidente de la Conferencia Episcopal, y el teólogo Benjamín Alforque Sacret, biblista que presidió la comisión «Justicia y paz» de las órdenes religiosas. Todos ellos acusan a Aquino de «haber culpablemente violado la Constitución», usurpando el poder del Congreso, «minando los principios de la división de poderes y el sistema de vigilancia recíproca, empeorando el sistema del ‘pork barrell’ y perpetrando prácticas de malversación y corrupción». No sabemos si Aquino logrará sobrevivir, ni cómo -en caso de que lo logre-, a esta tormenta política.

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