Con el reciente destape de escándalos relacionados con el uso prevaricado de fondos públicos, por la supuesta venta de decisiones y por el presunto enriquecimiento injustificado de altos funcionarios nombrados en el pasado gabinete ministerial, en la Corte Suprema de Justicia y en otros puestos en los que tenían capacidad de disponer del erario, cobra actualidad la teoría de Cicerón. Esta fue utilizada por aquel gran orador, político y pensador romano de la antigüedad, para calificar y describir la actuación de 11 especímenes de la sociedad. Muchas de estas descripciones se aprecian en el comportamiento de varios de los funcionarios de la administración anterior, veamos:
1. Los pobres trabajan.
2. Los ricos explotan a los pobres.
3. Los soldados defienden a los dos.
4. Los contribuyentes pagan por los tres.
5. Los vagabundos se recuestan en los cuatro.
6. Los borrachines liban por los cinco.
7. Los banqueros exprimen a los seis.
8. Los abogados burlan a los siete.
9. Los médicos dan muerte a los ocho.
10. Los sepultureros entierran a los nueve.
11. Los políticos viven de los 10.
Como se podrá apreciar, en el caso de los que ejercen una profesión –del 7 al 9– se trata de prototipos de gente que incumple los deberes de su función y, el caso del número 11 concluye, peyorativamente, que el típico político, alejado de propósitos nobles, es el que al final prevalece sobre o se traga a los 10. Es posible que por vocación, utilizando todos los recursos pecuniarios –en especial los del erario– para la compra de conciencias y para malversaciones en contratos públicos adjudicados de forma directa.
Con excepción de la actuación de los pobres y, posiblemente, de los soldados, los contribuyentes y los sepultureros, los actos indebidos de otros se perciben como inescrupulosos. Sea por acción o por omisión, tanto de quienes los cometen como de los que los permiten y hasta cohonestan, como sería el caso de los altos funcionarios que, en embozada rapiña, durante varios años malversaron los fondos públicos y acumularon cuantiosos dineros y propiedades personales con dinero ajeno sustraído de las contrataciones y las compras, sin que ni los funcionarios que las asignaban ni los que debían controlarlas observaran, vigilaran o impidieran la comisión de ¿irregularidades?, ¿chanchullos?
Pero, perniciosamente, tales “irregularidades” no sucedían ni suceden solas, sino que cuentan con la complicidad activa o pasiva de quienes les proveen de bienes y productos con precios inflados por contratación directa –la mayoría dizque por invitación a grupo previamente escogido– para que el excedente del valor de mercado lo reciba un intermediario al servicio oculto del contratante –verdadero destinatario– para completar la “irregularidad”.
Y lo peor es que cuando se pierden los valores éticos y morales –y hasta los escrúpulos– todos los actores de la “irregularidad”–incluso los que les prestan servicios profesionales– alegan que no son latrocinios, sino “negocios” fruto de un emprendedurismo de empresarios.
Este espécimen, el empresario, puede habérsele escapado a Cicerón como el número 12 y, en su versión aberrante, sería el de un personaje descarriado que maneja a todos los otros 11 para su narcisista, ilegítimo, delictuoso y abusivo beneficio. Para él lo único importante es el enriquecimiento pecuniario, sin importar el precio y el daño –a los demás– que produzca en el empeño.
Ahora, esas “erogaciones” del erario, realizadas por funcionarios sin la autorización de los dueños del dinero –el pueblo panameño–, si no se logran rescatar de los desfalcadores, las tienen que pagar los contribuyentes –el espécimen número 4 de Cicerón–, y con el pago adicional de intereses de empréstitos contratados para sufragarlas.
Pero para contratar ese mayor endeudamiento, un gobierno heredero de la deuda astronómica ha recurrido al aumento del límite del déficit fiscal, abonando así el camino por el que con más endeudamiento cualquier gobierno que esté lleno de esa clase de “empresarios políticos”, o de aventureros insensatos, sin valores morales –especímenes número 12 y 11– lo podría continuar elevando hasta provocar la falta de pago de la deuda y la ruina económica y social del país, por lapsos prolongados de miseria y sufrimiento.
Ese déficit se produce cuando el gobierno gasta más de lo que recibe de los contribuyentes. Por ello, es indispensable no solo impedir latrocinios y despilfarros de los funcionarios, sino permanecer por ley bajo un insuperable y menor límite del déficit fiscal actual, restringir el gasto, renegociar parte de la deuda y posponer el pago de la cifra embarrada de peculado o de inmoralidad, que no se pueda rechazar.
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